La asociación de vecinos no pedirá que se ejecute la sentencia "por ahora" para no comprometer los puestos de trabajo
El Govern de la Generalitat recurrirá al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justícia Catalunya (TSJC) que anuló la autorización ambiental otorgada en el 2008 a Iberpotash para extraer potasa de las minas de Balsareny y Sallent (Bages) y depositar los residuos salinos en la montaña de sal de El Cogullo, en Sallent. Así lo anunció en Jerusalén el propio president de la Generalitat, Artur Mas, después de visitar la industria matriz de Iberpotash, el grupo israelí ICL.
Mas hizo la visita a la ICL fuera de su programa oficial y sin convocar a la prensa (que cubre su viaje a Israel) por expreso deseo de la empresa israelí. La autorización ambiental anulada por el tribunal fue decidida por el tripartito cuando el partido ecosocialista Iniciativa per Catalunya, dirigía el departamento de Medi Ambient. El President explicó “seremos siempre respetuosos con el territorio, pero hay que entender que cualquier extracción tiene un impacto, y sobre todo, que en este momento nuestro principal problema es el paro y no podemos permitirnos el lujo de prescindir de inversiones tan importantes”.
El alto tribunal (TSJC) estimó hace unas semanas el recurso interpuesto por la asociación de vecinos de la Rampinya de Sallent y anuló la autorización ambiental de la montaña salina, con el argumento de que no se efectuó la preceptiva declaración de impacto ambiental, como marca la Ley de Intervención de la Administración Ambiental. Además, se señala que la actividad es incompatible con el planeamiento urbanístico.
La sentencia argumentaba que ha habido "tolerancia administrativa" que ha privilegiado a la empresa, "frente a las nuevas actividades de su misma naturaleza que presentasen una actividad análoga o inferior naturaleza" pero adecuadas la reglamentación ambiental. En cambio, los servicios jurídicos centrales de la Generalitat estiman que El Cogulló no necesita autorización ambiental, sino solo autorización minera. Sin embargo la autorización minera requeriría un plan de restauración de la montaña de sal, que la empresa no ha presentado.
Fuentes, pozos y arroyos en el entorno del vertedero de residuos salinos de El Cogulló (Sallent) están contaminados por salmueras, el caudal salino lixiviado que se escurre a través de la montaña de sal en un área que afecta a la cuenca del Llobregat, según indican los informes del grupo conservacionista Montsalat, que lo atribuye a la falta de evaluación ambiental, pues la montaña de residuos no está impermeabilizada.
El recurso de la Generalitat ha sido interpretado como un intento de la Generalitat de neutralizar la posibilidad de que la asociación de vecinos pida la ejecución de la sentencia, lo que podría comprometer los puestos de trabajo, según los sectores económicos del Bages. Iberpotash tiene previsto cerrar el año próximo la mina de Sallent y trasladar a sus empleados a la mina de Súria, donde existe un plan de ampliación para extraer la potasa.
Benet Vendrell, vicepresidente de la asociación de vecinos de la Rampinya (que ganó el pleito), declaró que “de momento, no pediremos que se ejecute la sentencia”. No obstante, añadió: “La sentencias están para ser cumplidas, y los jueces nos han dado la razón. La empresa carece de las autorizaciones más básicas. Pero no pediremos que se ejecute la sentencia, por ahora, porque pedir la ejecución de la sentencia podría ser aprovechado para llevar a cabo alguna una operación extraña”, que podría pone en peligro los puestos de trabajo. “No pediremos que se ejecute la sentencia para evitar cualquier riesgo y para que no se tome una decisión diabólica interpretando la sentencia de manera interesada”, agrega.
Benet Vendrell afirma que ha habido un intento de confundir el hecho de que los jueces hayan declarado ilegal la montaña de residuos de El Cogulló con que exista un riesgo de cierre de la explotación. “Decir que la sentencia pone en peligro los puestos de trabajo es recurrir al discurso del miedo”, añade. Vendrell añadió que su asociación se reserva el derecho a pedir la ejecución de la sentencia, más adelante, tal vez cuando los trabajadores estén recolocados y ya no existan estos riesgos. “Nos reservamos ese derecho a pedir la ejecución de la sentencia; todo dependerá de que la empresa Iberpotash cumpla su obligación de poner en práctica un plan de restauración y adopten medidas eficaces, con un calendario concreto”.
Los jueces también admitieron en octubre del 2011 una anulación parcial de esa misma autorización ambiental de Iberpotatash, después de que el abogado y escritor Sebastián Estradé (con sus 90 años) denunciara que el vertedero de El Cogulló no tenía un plan de restauración y que, además, se había beneficiado de una fianza ridícula que no cubriría los gastos para rehabilitar la zona cuando se cierre.
En la sentencia ganada por Sebastián Estradé, los jueces dictaminaron que la Generalitat debía exigir a Iberpotash un programa de restauración de la escombrera de El Cogulló (equivalente al plan previsto a partir del año 2035, fecha inicialmente señalada para el cese de actividad. Sin embargo, la empresa no ha presentado el plan de restauración, y ha recurrido al Supremo por esta segunda sentencia, mientras que la Generalitat no ha logrado imponer la ley, que obliga a las empresas mineras a presentar un plan de restauración.
Los vecinos sostienen que no quieren que la actividad se pare, sino que la empresa destine parte de sus beneficios a mitigar el daño ambiental causado.
Fuente: LA VANGUARDIA.COM
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